Por James Aparicio
PANAMA, 25 Jul 2007 (AFP) - La oposición y el gobierno del presidente Martín Torrijos se han enfrascado en un intenso debate sobre una eventual extradición del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega a Francia pese a que en Panamá enfrenta 54 años de prisión por asesinato, violación de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.
El presidente Torrijos, cuya formación, el Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata) apoyó al general hasta su caída en 1989, considera que el caso Noriega "no es político, sino judicial".
El mandatario ha rechazado acusaciones de la oposición que lo acusa que este nuevo escenario -su eventual extradición a Francia donde fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero- es una "componenda" con Estados Unidos, que ha decidido considerar una demanda de extradición de París, antes que otra panameña que data de 1991.
"Noriega (de 72 años) tiene derecho a vivir en Panamá, pero prefiero que se quede fuera porque aquí hubo asesinatos y violaciones a los derechos humanos", advirtió el ex vicepresidente Guillermo Ford, un férreo opositor al militar y director de los servicios de inteligencia del ejército entre 1970 y 1984.
No obstante, Ford considera que el general, depuesto por una intervención estadounidense en diciembre de 1989, "debe ir a la cárcel, sin privilegios de casa por cárcel o libertad por la edad, porque cometió crímenes de lesa humanidad".
Según el vicepresidente del opositor Cambio Democrático (derecha), Roberto Henríquez, "hay muchos seguidores de Noriega que no quieren que vuelva".
El empresario Roberto Brenes, uno de los líderes de la Cruzada Civilista, la coalición civil que organizó huelgas y protestas contra el militar entre 1987 y 1989, considera que "Noriega tiene muchos secretos que debe contar, pero tiene que enfrentar la justicia por sus crímenes".
Al igual que la clase política, los panameños también están divididos sobre el eventual regreso del militar, que a partir del 9 de septiembre podrá salir de la cárcel de Miami donde purga una pena por narcotráfico y blanqueo de dinero.
Un 47,3% cree que debe ser extraditado a Panamá para que cumpla sus condenas y un 44% pide que sea enviado a otro país, según una encuesta de la empresa Ditcher And Neira divulgada por el diario La Prensa.
Hace seis meses, un 49% pedía que Estados Unidos lo entregase a Panamá y un 47% que fuese enviado a un tercer país, como Francia.
Noriega fue juzgado en ausencia entre 1990 y 1994 y condenado a 40 años de cárcel por la decapitación del opositor Hugo Spadafora en 1985, la ejecución de 12 militares que intentaron derrocarlo en 1989, la muerte del golpista Moisés Giroldi, tráfico de personas y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, en Panamá la pena máxima que cumple un reo es de 20 años y puede ser liberado cuando cumple los 70 años de edad.
Los abogados defensores de Noriega en Panamá enarbolan las Convenciones de Ginebra para conseguir el regreso de su defendido a Panamá.
Noriega, que sufrió un derrame cerebral en 2004, "es un prisionero de guerra y tanto Estados Unidos como Francia deben respetar la Convención de Ginebra de 1949", aseguró el letrado Julio Berríos.
Según Berríos, Estados Unidos capturó a Noriega en medio de una guerra iniciada por la intervención militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989, lo que no hizo con Saddam Hussein cuando invadió Irak en 2003.
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